- La coordinación de Derecho organizó una charla con Ángel Conde, abogado y funcionario público del Gobierno del Estado de Puebla.
San Andrés Cholula, Puebla.- Con el tema “Relevancia de las asociaciones público privadas en el México moderno”, el Mtro. Ángel Conde, abogado, y funcionario público del Gobierno del Estado de Puebla, quien además es docente de la Licenciatura en Derecho de la UMAD; impartió una conferencia justamente para estudiantes de dicha carrera, con el objetivo de enriquecer su aprendizaje y que conozcan más a fondo el ámbito público si es que algunos deciden dirigir su profesión a este sector, en un futuro próximo.
Durante la charla virtual en la que también estuvieron presentes el Mtro. Alain Serrano, coordinador de la carrera, y la Mtra. Isaura Oropeza, docente de la misma, el ponente aclaró que en muchas ocasiones el Estado mantiene una limitante en cuanto a recursos, por lo que sus esfuerzos por satisfacer las necesidades colectivas resultan insuficientes, es entonces cuando -explicó- se tiene que optar por la capitalización de los bienes particulares a favor del Estado, delegando que en nombre de éste, se asegure no sólo la calidad de los proyectos de infraestructura, sino también los costos generados por el mantenimiento de los mismos, todo esto a partir de la Ley de Asociaciones Público Privadas, publicada el 16 de enero del 2012.
“En un mundo ideal, todos estos proyectos tienen una retribución social, por lo que es debido analizar las justificaciones por las cuales entra en vigor, y no sólo atribuirlo a la ineficiencia del Estado público y la falta de recursos”, mencionó el Mtro. Ángel Conde, a tiempo de señalar, que en este sentido se rompe el paradigma de que “sólo el estado construye”, ya que será el particular quién genere toda la estructura física con tecnología de punta y perfectamente equipada.
Antes de finalizar, el ponente respondió las preguntas y dudas generadas por parte de los estudiantes y público en general que participó en la conferencia, añadiendo información de valor, como el hecho de que se sanciona a los particulares que no cumplen con lo establecido en los contratos, y que de no tener los recursos monetarios suficientes, podrán obtener también un porcentaje no mayor al 50% de parte de la federación, creando un fideicomiso en el que se inyecta todo el dinero dispuesto para el proyecto. Cuando éste se ha llevado a cabo, el supervisor de servicios evaluará el proyecto y si la obra no satisface las necesidades del pueblo, el Estado penaliza al constructor, ya sea, con una multa económica o una revocación administrativa.
Señaló que las Asociaciones Público Privadas bien dirigidas, podrían llevar al país en materia de infraestructura a un primer nivel.
“A mí me encantaría que, así como tenemos diversas materias, se creara una sub-rama del Derecho Administrativo donde se empiece a ver el tema”; añadió, al tiempo de exhortar a los alumnos a empaparse en esta rama, pues ello les puede abrir la puerta para ser asesores jurídicos de primer nivel con empresas de gran calibre.
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